Actualización de Cataluña fuera de Unión Europea pero España y Portugal aisladas
Las declaraciones de Joaquín Almunia en el sentido que la Cataluña independiente tendría que negociar la adhesión a la Unión Europea (UE) han vuelto a poner sobre la mesa un tema sensible que conviene aclarar. Desde mi punto de vista, muchas de los análisis publicados sobre la pertenencia del nuevo estado a la UE y sobre su continuidad dentro del euro parten de un error fundamental: asumir que Cataluña tomaría las decisiones autónomamente. Ayer mismo, El País cuestionaba la viabilidad de una Cataluña con euro pero fuera de la UE sustentándose sobre este erróneo fundamento.
Lo que ha dicho Almunia no es sino una obviedad, aunque nos cueste de aceptar. Después de la escisión, España seguiría siendo España, y por lo tanto miembro de la UE, mientras que Cataluña sería un nuevo estado que sólo podría reincorporarse después de un proceso formal.
Esto no significa necesariamente que Cataluña tuviera que pasar un tiempo fuera de la UE. Entre el momento en que la independencia fuera decidida y el momento en que pasara a ser efectiva, se abriría un proceso de negociaciones entre España y los representantes del futuro estado sobre mil aspectos prácticos: desde el destino de los funcionarios estatales radicados en Cataluña hasta el reparto de la deuda del estado español. En el caso escocés, la previsión es que dure 18 meses. En los dos casos, se negociaría en paralelo la adhesión con la UE, que quedaría resuelta en este mismo periodo porque este sería el interés de ambas partes (cómo veremos inmediatamente) y porque no plantearía ninguna dificultad: Escocia y Cataluña ya han sido cumpliendo la legislación comunitaria desde hace décadas. En consecuencia, si España no vetara la adhesión de Cataluña, esta formaría parte de la UE desde el primer minuto de su existencia.
¿Vetaría España la adhesión de Cataluña? Por unos, se trata de una certeza; otros lo consideran muy improbable. Tratándose de una cuestión estrictamente política, me parece que es imposible hacer ninguna predicción fundamentada.
La prudencia aconseja, pues, que nos situamos en el escenario en qué España (u otro estado), por razones de política interna, veta la adhesión de Cataluña a la UE. En este caso Cataluña restaría fuera sine die . Ahora bien, esto no implicaría la rotura de los vínculos con la UE, porque intervendrían tres poderosos agentes, los cuales impondrían su voluntad a una España débil (porque depende de la financiación europea) y a una Cataluña ultrafeble (un nasciturus pleno de ilusión pero con poca influencia internacional).
1. El primer grupo de agentes serían las empresas con intereses industriales y financieros en Cataluña: desde Volkswagen hasta Solvay pasando por Repsol e Inditex, además del BBVA y el Santander. Este formidable ejército de intereses movilizaría los estados respectivos para imponer el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, personas y capitales desde el primer minuto. La alternativa los es una pesadilla. La propina sería la adhesión de Cataluña al espacio Schengen para evitar que los camioneros que trajeran piezas para la fábrica de Nissan-Renault, o paquetes de Ariel para los mercados europeos, fueran parados en la frontera, en medio de una cola de turistas, para comprobar que no son terroristas. En este punto los catalanes somos afortunados, porque el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, personas y capitales es exactamente el que hace falta para evitar que la independencia genere un impacto negativo sobre la producción, el comercio, la ocupación y el nivel de vida. De este modo, la relación entre el nuevo estado y la UE se equipararía a la que tiene Suiza, por ejemplo, y esto mediante un tratado que España no podría vetar (en el supuesto que quisiera hacer ver que se oponía) porque dependería de una decisión mayoritaria (y no unánime, como lo es la adhesión).
2. El segundo grupo de agentes serían los acreedores de España, los cuales también movilizarían sus respectivos estados para tratar de evitar que la escisión pusiera en peligro la recuperación de sus créditos. En este caso, su interés nos sería adverso, porque impondrían un reparto de la deuda del estado español (borde un billón de euros) que maximizara la proporción a cargo de Cataluña al considerar que esta sería la parte más solvente. Por lo tanto, de los tres criterios que habitualmente consideran los economistas, se utilizaría el del PIB (casi el 20%), si es que no se fuera todavía más allá.
3. Finalmente, el Banco Central Europeo, con el apoyo de los grupos anteriores, impondría un esquema para proteger la estabilidad del euro neutralizando la posibilidad de una crisis financiera originada en Cataluña. Vetaría dos de las soluciones posibles: la emisión de una nueva moneda y la eurització (la utilización unilateral del euro). Tales soluciones son demasiado frágiles: en la primera se podrían producir variaciones en el cambiode la moneda que interferirían en las relaciones comerciales y financieras, y en la segunda se podrían producir crisis de solvencia. Por lo tanto, se impondría en Cataluña un tratado de unión monetaria, mediante el cual Cataluña disfrutaría del acceso a la liquidez del BCE a cambio de entregar el control sobre las variables macroeconómicas y la supervisión financiera. Como el resto de condiciones, el euro nos sería impuesto.
En definitiva, en caso de veto español, Cataluña nacería como un estado que no formaría parte de la UE, que utilizaría el euro y que estaría tutelado (intervenido, si se prefiere) por esta. La tutela no estaría motivada, por supuesto, para proteger los catalanes, sino los intereses de quienes tienen inversiones en Cataluña y de los titulares de deuda española. Ahora bien, proteger aquellos intereses pasa para proteger la viabilidad del nuevo estado. Se trata de un escenario muy probable por dos motivos: porque satisface los intereses reales de todos los agentes (incluidos los ciudadanos catalanes y las grandes empresas españolas) y porque constituye un mecanismo psicológico que podría permitir que la opinión pública española se tragara el sapo que sus representantes firmaran el tratado de independencia de Cataluña. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta.
Traducción de artículo de Miquel Puig en Diari Ara
Las declaraciones de Joaquín Almunia en el sentido que la Cataluña independiente tendría que negociar la adhesión a la Unión Europea (UE) han vuelto a poner sobre la mesa un tema sensible que conviene aclarar. Desde mi punto de vista, muchas de los análisis publicados sobre la pertenencia del nuevo estado a la UE y sobre su continuidad dentro del euro parten de un error fundamental: asumir que Cataluña tomaría las decisiones autónomamente. Ayer mismo, El País cuestionaba la viabilidad de una Cataluña con euro pero fuera de la UE sustentándose sobre este erróneo fundamento.
Lo que ha dicho Almunia no es sino una obviedad, aunque nos cueste de aceptar. Después de la escisión, España seguiría siendo España, y por lo tanto miembro de la UE, mientras que Cataluña sería un nuevo estado que sólo podría reincorporarse después de un proceso formal.
Esto no significa necesariamente que Cataluña tuviera que pasar un tiempo fuera de la UE. Entre el momento en que la independencia fuera decidida y el momento en que pasara a ser efectiva, se abriría un proceso de negociaciones entre España y los representantes del futuro estado sobre mil aspectos prácticos: desde el destino de los funcionarios estatales radicados en Cataluña hasta el reparto de la deuda del estado español. En el caso escocés, la previsión es que dure 18 meses. En los dos casos, se negociaría en paralelo la adhesión con la UE, que quedaría resuelta en este mismo periodo porque este sería el interés de ambas partes (cómo veremos inmediatamente) y porque no plantearía ninguna dificultad: Escocia y Cataluña ya han sido cumpliendo la legislación comunitaria desde hace décadas. En consecuencia, si España no vetara la adhesión de Cataluña, esta formaría parte de la UE desde el primer minuto de su existencia.
¿Vetaría España la adhesión de Cataluña? Por unos, se trata de una certeza; otros lo consideran muy improbable. Tratándose de una cuestión estrictamente política, me parece que es imposible hacer ninguna predicción fundamentada.
La prudencia aconseja, pues, que nos situamos en el escenario en qué España (u otro estado), por razones de política interna, veta la adhesión de Cataluña a la UE. En este caso Cataluña restaría fuera sine die . Ahora bien, esto no implicaría la rotura de los vínculos con la UE, porque intervendrían tres poderosos agentes, los cuales impondrían su voluntad a una España débil (porque depende de la financiación europea) y a una Cataluña ultrafeble (un nasciturus pleno de ilusión pero con poca influencia internacional).
1. El primer grupo de agentes serían las empresas con intereses industriales y financieros en Cataluña: desde Volkswagen hasta Solvay pasando por Repsol e Inditex, además del BBVA y el Santander. Este formidable ejército de intereses movilizaría los estados respectivos para imponer el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, personas y capitales desde el primer minuto. La alternativa los es una pesadilla. La propina sería la adhesión de Cataluña al espacio Schengen para evitar que los camioneros que trajeran piezas para la fábrica de Nissan-Renault, o paquetes de Ariel para los mercados europeos, fueran parados en la frontera, en medio de una cola de turistas, para comprobar que no son terroristas. En este punto los catalanes somos afortunados, porque el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, personas y capitales es exactamente el que hace falta para evitar que la independencia genere un impacto negativo sobre la producción, el comercio, la ocupación y el nivel de vida. De este modo, la relación entre el nuevo estado y la UE se equipararía a la que tiene Suiza, por ejemplo, y esto mediante un tratado que España no podría vetar (en el supuesto que quisiera hacer ver que se oponía) porque dependería de una decisión mayoritaria (y no unánime, como lo es la adhesión).
2. El segundo grupo de agentes serían los acreedores de España, los cuales también movilizarían sus respectivos estados para tratar de evitar que la escisión pusiera en peligro la recuperación de sus créditos. En este caso, su interés nos sería adverso, porque impondrían un reparto de la deuda del estado español (borde un billón de euros) que maximizara la proporción a cargo de Cataluña al considerar que esta sería la parte más solvente. Por lo tanto, de los tres criterios que habitualmente consideran los economistas, se utilizaría el del PIB (casi el 20%), si es que no se fuera todavía más allá.
3. Finalmente, el Banco Central Europeo, con el apoyo de los grupos anteriores, impondría un esquema para proteger la estabilidad del euro neutralizando la posibilidad de una crisis financiera originada en Cataluña. Vetaría dos de las soluciones posibles: la emisión de una nueva moneda y la eurització (la utilización unilateral del euro). Tales soluciones son demasiado frágiles: en la primera se podrían producir variaciones en el cambiode la moneda que interferirían en las relaciones comerciales y financieras, y en la segunda se podrían producir crisis de solvencia. Por lo tanto, se impondría en Cataluña un tratado de unión monetaria, mediante el cual Cataluña disfrutaría del acceso a la liquidez del BCE a cambio de entregar el control sobre las variables macroeconómicas y la supervisión financiera. Como el resto de condiciones, el euro nos sería impuesto.
En definitiva, en caso de veto español, Cataluña nacería como un estado que no formaría parte de la UE, que utilizaría el euro y que estaría tutelado (intervenido, si se prefiere) por esta. La tutela no estaría motivada, por supuesto, para proteger los catalanes, sino los intereses de quienes tienen inversiones en Cataluña y de los titulares de deuda española. Ahora bien, proteger aquellos intereses pasa para proteger la viabilidad del nuevo estado. Se trata de un escenario muy probable por dos motivos: porque satisface los intereses reales de todos los agentes (incluidos los ciudadanos catalanes y las grandes empresas españolas) y porque constituye un mecanismo psicológico que podría permitir que la opinión pública española se tragara el sapo que sus representantes firmaran el tratado de independencia de Cataluña. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta.
Traducción de artículo de Miquel Puig en Diari Ara
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